Cuando Un Acto Es Expreso?

24.09.2022

Cuando Un Acto Es Expreso

Acto expreso de la administración. – Los actos expresos son aquellas manifestaciones de la administración pública (estatal, autonómica o local), normalmente por escrito, que resuelve de manera clara  su voluntad. Por ejemplo, la denegación de una solicitud de un espacio en la vía pública para la entrada y salida de vehículos del inmueble.

¿Cómo saber si un acto es expreso o no?

En los actos expresos, la Administración manifiesta su voluntad mediante una resolución que se notifica a los interesados. Sin embargo, los actos presuntos o por silencio administrativo son aquellos determinados por la norma cuando la Administración no ha dictado resolución expresa en plazo.

¿Qué significa acto administrativo expreso?

Adm. Manifestación exteriorizada de voluntad, juicio, deseo o conocimiento de la Administración.

¿Qué es un acto tácito?

Adm. Manifestación de voluntad de la Administración por medio de hechos concluyentes, no de manera expresa.

¿Qué es un acto presunto?

Acto presunto es un acto que no es producido por la Administración, sino que se presume su existencia, no hay una manifestación de voluntad por parte de la Administración que se le pueda dar un determinado valor, es decir, la falta de respuesta de la Administración a favor o en contra, permite que el interesado pueda.

¿Qué tipo de actos administrativos son los actos presuntos?

Tipos de actos administrativos – Desde la doctrina y la jurisprudencia se deduce que hay distintos tipos de actos administrativos, a saber:

  • Actos políticos : acto administrativo regulado por la Ley de Gobierno.
  • Actos favorables. Son aquellos que benefician al peticionante, ampliando su esfera jurídica. Solo pueden ser revocados por otro procedimiento administrativo. Por ejemplo, otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones. Excepcionalmente pueden tener efecto retroactivo.
  • Actos desfavorables o de gravamen. Son los que limitan o restringen los intereses del contribuyente, sus libertades o derechos. Pueden ser las multas y sanciones o las liquidaciones de impuestos. Sin embargo, si fijan una cuantía en favor del contribuyente, se convierten en actos favorables.
  • Expresos. Son los que se emiten en forma fehaciente.
  • Presuntos. Son los que surgen de la no emisión de un documento fehaciente. Se suele interpretar el silencio administrativo como un acto presunto, sin embargo, según otras interpretaciones es un hecho jurídico y no un acto pues falta la voluntad expresa de producir efectos jurídicos.
  • Reglados. Son aquellos a los cuales la legislación les adjudica una única decisión.
  • Discrecionales. Son los que se emiten en casos en los que hay una pluralidad de soluciones justas entre las que la Administración elige la más conveniente.

¿Cuál es la clasificación de los actos administrativos?

El Acto Administrativo. Artículo elaborado por: Ana Karen Núñez López. Alumna de la Facultad de Derecho. Universidad de La Salle A. Artículo revisado por: Mtro. José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Imagen tomada de: http://deconceptos. com/wp-content/uploads/2010/07/acto-administrativo. jpg En cada lugar en el que la sociedad se desenvuelva como tal, debe existir un orden dentro del comportamiento de la misma gente que se desarrolle en la sociedad, o de las actividades que cada una de ellas realicen; en el caso de un Estado, no es más que el de la salvaguarda y mantener el orden dentro de la misma sociedad; para que esta tenga mejores frutos para sí mismo y para los demás.

  • Tal es el caso del tema a exponer; el acto administrativo, en donde es más que claro por su nombre, ya que es el que lleva a cabo, dentro de un Estado la administración del mismo, al encargarse de todo lo principal para la mejor convivencia entre las personas que lo habitan, y de esa forma poder satisfacer sus propias necesidades;

El acto administrativo es pues el hacer, desarrollar, producir, reproducir todo aquello que conlleve al orden publico entro de un estado. Acto Administrativo. Definición “La Actividad Administrativa, realiza dentro de la esfera la finalidad principal del Estado, que es la de dar satisfacción al interés general por medio de la policía que comprende las medidas necesarias para salvaguardar el orden público, o sea, la tranquilidad, seguridad y salubridad públicas; por medio de intervenciones tendientes a regular y fomentar la actividad de los particulares; por medio de los servicios públicos que otorguen prestaciones para satisfacer las necesidades colectivas y por la gestión directa en la vida económica, cultural y asistencial”1.

  1. “El acto administrativo, que consiste en la declaración que se manifiesta de manera voluntaria en el marco del accionar de la función pública y tiene la particularidad de producir, en forma inmediata, efectos jurídicos individuales;

En otras palabras, es una expresión del poder administrativo que puede imponerse imperativa y unilateralmente. “2 “PARADA VÁZQUEZ lo define como ” Todo acto dictado por un Poder Público en el ejercicio de una potestad administrativa y mediante el que impone su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados, bajo el control de la jurisdicción contencioso-administrativa”.

ZANOBINI lo define como ” Toda declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por una Administración en el ejercicio de una potestad administrativa”. • La declaración de voluntad es lo normal en las resoluciones que ponen fin a los procedimientos; • La declaración de deseo, es aquella por la cual la Administración manifiesta una postura; declaraciones de deseo son las propuestas o peticiones de un órgano a otro órgano; • De juicio son aquellas por las que se califica determinado asunto.

Se manifiesta en la expresión de un simple juicio; y, • Manifestaciones de conocimiento son los actos certificantes”. 3 Clasificación del Acto Administrativo Los actos administrativos a su vez tienden a clasificarse, esto es para el mejoramiento de la administración; mientras unos se encargan de un área en específico, algunos otros de otras áreas igual de importantes, para mejora, perfección y aumento de la misma actividad a la que se dediquen.

  • “Por razón de su contenido los actos administrativos pueden clasificarse en las siguientes categorías: 1;
  • – Actos directamente destinados a ampliar la esfera jurídica de los particulares; (actos de admisión, aprobación, dispensa, licencias, permisos); 2;

– Actos directamente destinados a limitar esa esfera jurídica; (actos de expropiación, sanciones y actos de ejecución); y, 3. – Actos que hacen constar la existencia de un estado de hecho o de derecho; (actos de registro, de certificación, autentificación).

“4 En cuanto a la información anterior podemos identificar que cada acto que se desprende de la clasificación del acto administrativo, tiene su respectiva función; puesto que unos se encargan de regular permisos (por así decirlo), mientras que otros se encargan de sancionar aquellos que se encuentren fuera de la esfera del mismo.

Por otro lado es preciso mencionar los elementos con los cuales el acto administrativo se apoya para cumplir con satisfacción sus funciones. “Existen muchas corrientes que se han encargado de identificar los diferentes tipos de actos administrativos; entre todas ellas, la más aceptada se apoya en la segmentación realizada por Gabino Fraga.

  • Según esta teoría los actos podían clasificarse: Por su Naturaleza: se tiene en cuenta la voluntad de quien los realiza;
  • Si su objetivo es modificar la ley o causar un efecto en los derechos que ésta regula, son jurídicos;

Si no posee la voluntad de causar efectos jurídicos sino que es creado con el fin de ejecutar atribuciones de la administración pública como pavimentación de calles o limpieza, se los denomina actos materiales o de ejecución. Por las Voluntades: que permiten su creación, según los organismos que lo formen, pueden ser unilaterales si sólo afecta a la organización que lo realice, o plurilateral si expresan la voluntad de dos o más personas o entidades.

  • Dentro de los plurilaterales se encuentran los actos colegiales, los colectivos, los de condición y los contractuales;
  • Por la Relación que existe entre su Voluntad y la Ley: de acuerdo a los derechos y obligaciones que imponga la ley, los actos pueden ser obligatorios (también llamados reglados o vinculados, las personas o entidades deben acatar todos los aspectos impuestos por la ley y no hay espacio para las decisiones individuales) o discrecionales (se permiten ciertas licencias y las personas pueden tomar decisiones);

Es necesario destacar que ambos actos son observados por la ley, por lo que ninguno puede obviar las condiciones que ella determine. Por el Radio en el que Repercuta su Accionar: en esta clasificación se puede diferenciar entre actos internos y externos.

  • Los primeros hacen referencia a aquellas acciones realizadas para regular el funcionamiento interno de la ley en una administración;
  • Los segundos comprenden las actividades más importantes del Estado, a través de las cuales él mismo ordena y controla la acción de los actos internos o individuales;

Por su Finalidad: son intermediarios, o ejercen de herramientas para que los actos fundamentales de la actividad administrativa tengan un destino eficaz. De acuerdo a la razón por la que los actos sean realizados, pueden dividirse en preliminares, de decisión (declaraciones unilaterales de voluntad donde se deja constancia de la modificación, extinción o reconocimiento de una situación jurídica subjetiva puntual) y de ejecución (acciones que deben hacer cumplir las resoluciones tomadas y las decisiones administrativas en todos los actos desempeñados por particulares, ya sean de carácter material o jurídico).

Por su Contenido y Consecuencias Jurídicas: en esta clasificación pueden encontrarse otras que permiten diferenciar entre actos realizados para ampliar la esfera jurídica, otros para limitar dicha esfera y aquellos que permiten tener constancia de la existencia de un Estado.

“5 “Las distintas clasificaciones realizadas en torno a los actos administrativos atienden a diferentes puntos de vista, de modo que todas son perfectamente validas y todas responden a una especial incidencia sobre uno o varios elementos característicos de los actos administrativos.

Según el órgano del que procede. Acto simple: dictado por un solo órgano administrativo. Acto complejo: dictado por varios órganos administrativos. Según la extensión de sus efectos. Acto General: acto dirigido a una pluralidad indeterminada de personas.

Acto Singular: acto dirigido a personas determinadas. Por el lugar que ocupan en el procedimiento administrativo. Acto de trámite: acto que no decide la cuestión de fondo del procedimiento, sino que se dicta para preparar el acto que contendrá la resolución definitiva del mismo.

  1. Acto definitivo: en contraposición al anterior, es un acto que contiene la decisión adoptada por un órgano administrativo, con respecto al objeto de un procedimiento Acto que causa estado: acto que agota la vía administrativa y que, por tanto, solo es recurrible ante la Jurisdicción contencioso administrativa;

Acto firme: acto que se convirtió en irrecurrible por que se dejaron transcurrir los plazos para su impugnación, salvo por medio de recursos excepcionales como el recurso potestativo de reposición o el extraordinario de revisión, ambos administrativos.

“6 Elementos del acto administrativo “Los elementos que constituyen el acto jurídico administrativo son: a) el sujeto, b) la voluntad, c) el objeto, d) el motivo, e) el fin, y f) la forma. a) El sujeto del acto administrativo es el órgano de la administración que lo realiza.

En su carácter de acto jurídico, el acto administrativo exige ser realizado por quien tiene aptitud legal; es decir, el poder legal de ejecutar determinados actos; b) Como acto jurídico, el acto administrativo debe estar formado por una voluntad libremente manifestada; c) El objeto del acto debe estar determinado o determinable, posible y licito.

La licitud supone no solo que el objeto no está prohibido por la ley, sino que además esté expresamente autorizado por ella; d) El motivo del acto es el antecedente que lo provoca. Un acto administrativo se integra con al elemento cuando existe previa y realmente una situación legal o de hecho.

Un acto administrativo estará legalmente motivado cuando se ha comprobado la existencia objetiva de los antecedentes previstos por la ley y ellos son suficientes para provocar el acto realizado; e) Por lo que hace a la finalidad del acto, la doctrina ha sentado diversas reglas: *El agente no puede perseguir sino un fin de interés general.

  • *El agente público no debe perseguir una finalidad en oposición con la ley;
  • *No basta que el fin perseguido sea lícito, y de interés general, sino que es necesario, además, que entre la competencia del agente que realiza el acto;

*Pero aun siendo lícito el fin de interés público, y dentro de la competencia del agente, no puede perseguirse sino por medio de los actos que la ley ha establecido al efecto. f) La forma, en ella quedan comprendidos todos los requisitos de carácter Extrínsecos que la ley señala como necesarios para la expresión de la Voluntad que genera la decisión administrativa.

  1. “7 Los elementos del acto administrativo son esenciales e indispensables para el mejor funcionamiento del mismo; ya que sin ellos sería casi imposible generar su objetivo; puesto que todos y cada uno de ellos realizan una función ejemplar para la realización del orden publico del estado;

Entre los cuales; como en toda situación; se necesita de un sujeto, esto que es el que lo realiza; la voluntad, libre de éste para realizarlo; el objeto, que el realizado sea de forma licita y posible de realizarse; el fundamento, antecedente y referencia del porque dicho objeto; el fin para lo cual fue hecho; y la forma en la que se realiza.

  • Es conveniente que se tenga bien claro para lo cual es hecho, la finalidad y la forma en que se realiza el acto administrativo; puesto que con ello bien claro se tendrán buenos resultados y se llegara al orden publico de todo el estado; desde mis perspectiva creo que son los elementos fundamentales, claro está que todos son importantes pero a mi ver considero que si se tienen bien claro estos, los demás son más fácil tenerlos;
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Y si con concentramos más en la actividad de estos actos administrativos, pueden llegar incluso a condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.

Considero que si el estado no tendría esta actividad de “administración”, seria toda una desorganización puesto que no se tendría un orden preestablecido. Eficacia y validez de los actos administrativos Eficacia.

– Los actos administrativos son válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se establezca otra cosa. La eficacia del acto, sin embargo, puede quedar demorada en los casos siguientes: Cuando se dicten en sustitución de actos anulados; y, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que el supuesto de hecho existiera en la fecha a la que se retrotraiga la eficacia del acto y no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

Validez. – Un acto se considera válido cuando reúne todos los elementos exigidos por el ordenamiento jurídico. Los vicios de invalidez se clasifican en nulos o anulables, entendiéndose también por la doctrina la existencia de una tercera categoría de actos inválidos denominados; irregulares.

“8 Como conclusión solo queda decir que los actos administrativos son las manifestaciones de voluntad de la administración tendientes a modificar el ordenamiento jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos. El cual con lleva un sin fin de acompañamientos los cuales hacen que el mismo realice con más facilidad todas y cada una de las actividades que se proponen para el mejor orden público del Estado.

  1. Notas;
  2. Gabino Fraga;
  3. (1978);
  4. Derecho Administrativo México: Porrúa;
  5. Acto Administrativo;
  6. http://definicion;
  7. de/acto-administrativo/ (en línea), (2012, 20 de Noviembre);
  8. Acto Administrativo;
  9. http://www;
  10. monografias;
  11. com/trabajos93/derecho-acto-administrativo/derecho-acto-administrativo;

shtml#desarrolla (en línea), (2012, 22 de Noviembre). Gabino Fraga. (1978). Derecho Administrativo México: Porrúa. Acto Administrativo. http://definicion. de/acto-administrativo/ (en línea), (2012, 20 de Noviembre). El Acto Administrativo. http://www. bomberosmijas. com/archivos/consititucion_espanola/la_constitucion_espanola_05.

pdf (en línea), (2012, 22 de Noviembre). Gabino Fraga. (1978). Derecho Administrativo México: Porrúa. El Acto Administrativo. http://www. bomberosmijas. com/archivos/consititucion_espanola/la_constitucion_espanola_05.

pdf (en línea), (2012, 22 de Noviembre). La revista Ex Lege es una publicación trimestral, que contendrá interesantes secciones, como las dedicadas a las aportaciones de docentes, alumnos y autores invitados, así como espacios para ponencias, conferencias, entrevistas y noticias..

¿Qué es un acto de gravamen o desfavorable?

Descripción: Es el procedimiento mediante el cual la Administración puede revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

Actos de gravamen o desfavorables son aquellos que afectan negativamente a la esfera jurídica del particular, denegando una pretensión, restringiendo un derecho, o imponiendo una consecuencia jurídica o patrimonial negativa a aquel.

Ejemplo de este tipo de actos son, a modo ilustrativo, las sanciones, las órdenes de ejecución, las prohibiciones de contratar con el sector público, etcétera. En otras palabras, en virtud de este procedimiento la Administración puede retirar del mundo jurídico los actos susceptibles de causar perjuicio a los ciudadanos.

¿Qué son los actos desfavorables?

Los actos administrativos son una subespecie de la categoría de actos jurídicos que se caracterizan por proceder de las Administraciones Públicas, por su ejecutividad y su plena fiscalizabilidad de legalidad por los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿En qué consiste el acto administrativo? Para llegar a entender bien qué es un acto administrativo es necesario sujetar antes con fuerza el concepto de los actos jurídicos, de entre los cuales aquél forma parte destacada. Distingamos, para empezar, entre ” hechos”, “hechos jurídicos” y “actos” para desbrozar luego qué puede haber dentro de esa precisa y peculiar categoría de los actos jurídicos que son los actos administrativos y qué debe quedar, por el contrario, fuera de ella.

Un hecho viene a ser cualquier suceso o fenómeno acaecido en la realidad. Algunos de estos hechos producen determinadas consecuencias que resultan relevantes para el mundo del Derecho. Cuando eso sucede, aquellos que eran simples hechos pasan a ser hechos jurídicos.

Las normas jurídicas, las leyes, se ocupan por otra parte de prever y describir racionalmente algunos de estos mismos hechos para asignarles determinadas consecuencias jurídicas. Esta última idea nos abriría un importante panorama, como es la manera en la que ese hecho pasa a ser “presupuesto” o “supuesto de hecho”.

  1. Una subespecie de aquella categoría mayor de los hechos jurídicos es la de los actos;
  2. El acto vendría constituido por aquellos precisos hechos humanos que son producidos por una voluntad consciente y exteriorizada;

Hace falta por tanto, para hablar en efecto de actos , que estemos ante hechos humanos y que resulten dependientes de su voluntad. Y cuando esa voluntad exteriorizada produce en efecto y a la postre consecuencias jurídicas, no hablaremos sólo de actos sino de actos jurídicos.

  • Los seres humanos producimos por tanto actos jurídicos como fruto de nuestra voluntad;
  • Pero no solo nosotros lo hacemos;
  • Algo parecido ocurre con las personas jurídicas (las públicas y las privadas);
  • Una sociedad anónima por ejemplo compra materiales a sus proveedores y vende a los consumidores sus productos finales, tiene trabajadores, les paga su salario y se aprovecha de su fuerza de trabajo;

Con todas esas actividades, además de fenómenos económicos, está haciendo nacer ciertos actos jurídicos. Pues bien, aunque con unas específicas y llamativas peculiaridades, la misma cosa sucede con las Administraciones Públicas. Estas, las Administraciones, son unas concretas y específicas personas jurídicas que se rigen fundamentalmente por un Derecho especial -el Derecho Administrativo- y que producen a diario una cascada de eso que llamamos actos administrativos.

De las personas físicas y de las jurídicas privadas nacen actos jurídicos, de las Administraciones Públicas fundamentalmente actos administrativos. Los actos administrativos son, sin embargo, fuertemente diferentes del resto de los actos jurídicos como consecuencia obligada de la función y de la posición institucional que ocupan las Administraciones Públicas.

Entre las peculiaridades que envuelven a los actos administrativos por proceder de aquellas personas peculiares que son las Administraciones Públicas se cuentan su ejecutividad, es decir, la capacidad de imponerse sobre las personas aun contra su voluntad, su plena fiscalizabilidad o su inescindible vínculo con eso que llamamos “separación de poderes”.

Aclaremos que resoluciones serían aquella concreta clase de actos motivados que ponen fin al procedimiento de que se trate (y no los demás). Esa es la definición que se contiene indirectamente en el artículo 88 LPACAP.

😲 𝗧𝗘 𝗘𝗡𝗦𝗘Ñ𝗢 𝗮 𝗗𝗜𝗦𝗧𝗜𝗡𝗚𝗨𝗜𝗥 𝘂𝗻 𝗔𝗖𝗧𝗢 𝗘𝗫𝗣𝗥𝗘𝗦𝗢 𝘆 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗧𝗢 🤐 [𝗟𝗲𝘆 𝟯𝟵/𝟮𝟬𝟭𝟱]

Decisiones (o actos) de mero trámite son, por el contrario, todas aquellas otras que se adoptan en el seno del procedimiento y antes de que termine. Se trata de decisiones pero no de la decisión final. Por ejemplo, es un acto de trámite aceptar o denegar la práctica de una prueba solicitada por el interesado en el seno del expediente.

Administraciones Públicas, privilegios de poder público y sistema de vinculación positiva La singular peculiaridad de las Administraciones Públicas como forma jurídicamente organizada y personificada del Poder, en concreto como manifestación específica del Poder Público, esa peculiaridad, decimos, determina que sus productos estrella sean también especiales.

Los actos administrativos son de esa manera singulares -como venimos diciendo- frente a los demás actos jurídicos. Primeramente, debe notarse que las Administraciones Públicas son personas jurídicas. Así lo establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

La misma Constitución deja clara, por si alguien albergara dudas en ello, la personalidad jurídica de los Ayuntamientos y de las Diputaciones. Las Administraciones Públicas son, pues, una categoría especial de personas jurídicas, y por ello, al ser entes de Derecho , producen también fundamentalmente actos jurídicos.

Además lo hacen de manera diferente a las personas físicas. Un hombre, una mujer, como consecuencia de su realidad humana y de su libertad, causan hechos y algunos de ellos (otros no) son jurídicos. A veces también de ellos nacen actos que, en ocasiones, también resultan ser jurídicos.

Por el contrario de las Administraciones Públicas, como personas que son creadas y reguladas por el Derecho, se desprenden básicamente actos jurídicos pues carecen de libertad o de iniciativa fuera de ese mismo Derecho.

Más aún, el Ordenamiento Jurídico español establece un mandato reforzado de juridicidad referido a la vida de las Administraciones Públicas. Tal mandato fluye del juego de los artículos 9. 3, 103 y 106 de la Constitución. Según el 103 del texto citado las Administraciones tienen que actuar con “sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.

Incluso todos sus actos han de responder (ahora nos referimos al artículo 106) a los fines de servicio al interés general que justifican su misma existencia. Este férreo sistema de control por las leyes es denominado sistema de vinculación positiva.

Y es que, a diferencia de los seres humanos, que como emanación de su libertad podrán realizar todo aquello que la ley no les prohíba hacer, las Administraciones Públicas solo podrán realizar aquello que las leyes les permitan hacer, cosa que se canaliza a través de normas atributivas de concretas potestades.

De esa juridicidad especial que abraza a las Administraciones Públicas dimanará la importancia que para su desenvolvimiento (pues en caso contrario carecerían de vida efectiva) tengan los actos jurídicos que producen, esto es, los actos administrativos.

Dimanará también otra especial característica de estos mismos actos como es su plena fiscalizabilidad de legalidad por los Tribunales de Justicia y, de modo especial, por los pertenecientes a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por eso los actos administrativos son reforzadamente productos jurídicos: porque producen efectos jurídicos y sin ellos las Administraciones no tendrían vida de ninguna clase, y porque sólo pueden ser dictados cuando la Administración ha recibido de la ley una específica potestad para ello además de con el contenido y finalidad previstos por la propia ley.

  • El artículo 34 de la LPACAP, dispone en este sentido que “el contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos”;
  • Resulta por demás llamativo este actual rasgo distintivo de la legalidad reforzada que acompaña al acto administrativo, y por ende su fiscalizabilidad plena por los tribunales, ya que precisamente, en sus orígenes franceses, el mismo acto administrativo se caracterizaba por la exclusión de intervención de los tribunales por imperativo de la división de poderes;

Al ostentar la evidente condición de focos del Poder Público, los actos jurídicos de las Administraciones Públicas gozan de la importante peculiaridad de su irresistibilidad por los administrados, esto es, la posibilidad de imponerse frente a los particulares aun en contra su voluntad.

Para llevar el acto administrativo a sus plenos efectos y últimas consecuencias y, si es necesario, emplear la coacción para ello, la Administración no necesita acudir a ningún juez o tribunal, lo puede hacer por sí misma.

Los actos de la Administración son, pues, obligatorios por sí mismos, sin necesidad de suplementarias intervenciones. Y por sí mismos tienen la capacidad de constituir, modificar o extinguir derechos subjetivos y posiciones jurídicas. Esta irresistibilidad del acto administrativo, de la que carecen los actos de los particulares o los procedentes de las demás personas jurídico-privadas, es por tanto uno de los rasgos más significativos del acto administrativo.

Tal irresistibilidad se concreta en lo que a veces llamamos ejecutividad y otras autotutela , siendo en realidad aquélla una manifestación o concreción de ésta. Tal ejecutividad de los actos administrativos se regula (en su modalidad de autotutela declarativa ) en los artículos 38 y 39 LPACAP.

Con mayor evidencia aún (en su modalidad de autotutela ejecutiva ) se contiene en los artículos 98 y 99 LPACAP. En el citado artículo 98 LPACAP se dispone así que “los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos”.

  • Y en el artículo 99 que “las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de un órgano judicial”;

La característica más evidente por tanto de los actos administrativos está en su fuerza irresistible (tras ellos aparece el “Poder” con mayúsculas) y en su capacidad creadora, innovadora, de derechos y posiciones jurídicas. ¿Qué exclusiones existen? Hasta ahora se ha venido formulando con cierto énfasis una afirmación que solo es verdad a medias: que las Administraciones públicas, como personas jurídicas que son y que además quedan vinculadas por el Derecho de manera espacial, no pueden sino operar a través de una específica clase de actos jurídicos que son los actos administrativos.

Resulta oportuno por ello, sin más demoras, evidenciar algunas de las excepciones a esa regla general. Entre tales excepciones se contienen la llamada “coacción material”, buena parte de los hechos -que no actos- que dan lugar a la responsabilidad patrimonial administrativa y, desde luego, los reglamentos.

Ninguna de estas realidades predicables de las Administraciones Públicas son actos administrativos. Refirámonos a todas ellas. Es evidente que las Administraciones Públicas, aunque sean personas jurídicas, actúan en el mundo de la realidad a través de personas físicas.

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Se trata de personas cuyo régimen jurídico puede cambiar considerablemente: nivel político superior (Órganos Superiores o Directivos), funcionarios, contratados laborales. Pues bien, como consecuencia de esa intervención de una determinada persona física, y también por imperativo de la necesidad (a veces de total urgencia) a la que se ha de hacer frente, las Administraciones algunas veces no producen verdaderos actos administrativos, formalmente emanados o dictados y legalmente notificados, sino puras actividades de “coacción material”.

Por otra parte ciertos hechos que los funcionarios u otro personal dependiente de la Administración realizan y que pueden serle imputados (atribuidos) a la misma Administración y en su caso dar lugar a responsabilidad patrimonial, tampoco son actos administrativos.

  • Un trabajador de un ayuntamiento, manejando maquinaria pesada, puede causar daños a las propiedades y con su acción dar lugar a que la Administración tenga que indemnizar a esos mismos particulares;
  • Pero esa acción que da lugar a responsabilidad tampoco es un acto administrativo;

Entre los productos jurídicos que la Administración puede alumbrar se encuentran verdaderas normas jurídicas: los reglamentos. Las Administraciones no solo viven así subordinadas a las leyes creadas por el Parlamento sino que ellas mismas crean Derecho; crean normas jurídicas infralegales a las cuales, una vez dictadas, quedan sujetas al instante.

Pues bien, los actos administrativos y los reglamentos son productos jurídicos diferentes. En el primer caso habrá una decisión singular y subordinada al Derecho, aunque a veces referida a un conjunto variable de personas.

En el segundo habrá una norma jurídica con vocación de generalidad en su aplicación y de perdurabilidad en su vida. ¿Qué clases de actos existen? Desde antiguo la doctrina científica, y en ocasiones también los Tribunales, vienen distinguiendo entre diversas clases de actos administrativos.

  • Actos Políticos Una singular clase de esos mismos actos, que ha dado lugar a una profusa creación doctrinal al respecto así como una evidente evolución legal es la del acto político , entendido como acto revestido de una sustancia especial -política- que excluiría su control jurisdiccional de legalidad;

A lo recogido en la específica voz nos remitidos no sin dejar antes constancia del cerco de legalidad que nuestro sistema democrático, ha establecido a ese acto político y la intensa reducción a la legalidad para éste que se contenían en la Ley del Gobierno y en la Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Actos favorables y de gravamen Actos favorables serían aquellos que producen un beneficio a la persona concreta del interesado. Es el caso, por ejemplo, de una subvención, de una autorización. Actos de gravamen o desfavorables son, por el contrario, aquellos que limitan o restringen y, en definitiva, perjudican, al interesado.

El ejemplo más gráfico es una sanción. Existen actos, finalmente, que son simultáneamente favorables y de gravamen , como es el caso de las liquidaciones tributarias. Son las liquidaciones notoriamente actos de gravamen -no es necesario ni explicarlo- pues fijan una cantidad que debe satisfacer el interesado.

Pero son también, aunque de manera más relativa, actos favorables en tanto aseguran que el interesado no tendrá que pagar ni un euro más de lo indicado en la liquidación. El régimen jurídico de anulación de estas dos clases de actos, en especial el especial sistema de la nulidad de oficio , es asimismo diferente.

Actos expresos y presuntos Entre las diversas clasificaciones que se realizan a los actos administrativos una de las más fecundas es precisamente la que distingue entre actos expresos y actos presuntos. Los actos expresos son aquellos que se emiten en efecto por el correspondiente órgano administrativo.

Los actos presuntos se vinculan, por el contrario, con esa realidad a la que llamamos silencio administrativo. Es importante retener sin embargo que son distintas realidades el acto presunto y el acto expreso no notificado al interesado o que tenga alguna clase de defectos en la notificación.

La diferencia entre acto expreso y presunto no reside, pues, en su notificación sino en su efectiva emisión. El silencio administrativo negativo (acto presunto negativo) ha venido siendo históricamente una ficción legal destinada a permitir al ciudadano interesado acceder al recurso contencioso-administrativo cuando la Administración no resolvía.

Con esa ficción se evitaba la indefensión evidente que hubiera significado que la Administración se abstuviera de resolver cuando le resultaba inconveniente o simplemente cuando no lo hiciera por ineficiencia burocrática.

Por el contrario el silencio administrativo positivo no es una ficción sino que produce un verdadero acto administrativo eficaz; un acto que la Administración pública solo podrá revisar de acuerdo con los procedimientos de revisión establecidos en la Ley.

Actos reglados y discrecionales La última división que llama nuestro interés, por traducirse notoriamente en esquemas diferentes de control de legalidad por los tribunales, es la referente a los actos reglados y discrecionales.

Actos reglados son aquellos en los cuales la legislación impone una única decisión. Por el contrario serán actos discrecionales todos aquellos otros en los que quepan una “pluralidad de soluciones justas”, una “pluralidad de indiferentes jurídicos”, de manera que la Administración puede optar entre cualquiera de ellos sin salirse de la más estricta legalidad. Recuerde que…

  • • El artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACP) dispone que “el contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos”.
  • • El artículo 98 LPACAP se dispone a que “los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos”.
  • • Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos.
  • • Como clases de actos administrativos podemos citar los siguientes: actos favorables y de gravamen; actos expresos y presuntos; actos reglados y discrecionales.

¿Qué son actos de gravamen?

Acto Favorable – Es el que amplía la esfera jurídica de los ciudadanos, por cuanto le favorece otorgándole un derecho, una facultad, o le libera de una carga. Ejemplos: admisiones, concesiones, autorizaciones, etc.

  • .

    ¿Qué es un acto Tacito y presuntos?

    También existe la distinción entre actos expresos, tácitos o presuntos – Mientras en los actos administrativos expresos existe una clara e inequívoca exteriorización de la manifestación de voluntad, de juicio, de deseo, etc, en los actos tácitos o presuntos (silencio administrativo) falta esta manifestación.

    ¿Qué es expresa y tacita en derecho?

    Derecho Civil Para que los actos humanos produzcan efectos jurídico s es necesaria la manifestación de voluntad del agente mediante signos que se puedan considerar expresivos. La declaración de voluntad es uno de los elementos esenciales de todo negocio jurídico ; es, además, la piedra angular del sistema del negocio jurídico.

    Pero no cabe identificar ambos concepto s como hiciera la tesis subjetivista tradicional, así: – Puede existir un negocio jurídico formado por varias declaraciones de voluntad , y puede estar integrado también por otros elementos reales o formal es.

    – Existen declaraciones de voluntad que no llegan a constituir negocios jurídico s (al igual que no todos los actos jurídico s -que presuponen una voluntad -, constituyen negocios jurídico s). Así, son declaraciones de voluntad , pero no negocios, la mayor parte de los actos de ejercicio de un derecho frente a otro -v.

    gr. , requerimiento de pago , ejercicio de una facultad de optar, etc. Este concepto amplio aparece recogido en el Reglamento notarial al decir que «contenido propio de las escritura s públicas son las declaraciones de voluntad , los actos jurídico s que impliquen prestación de consentimiento y los contrato s de todas clases» (art.

    144). Acerca del valor respectivo de voluntad y declaración se han formulado diversas teoría s que posteriormente trataremos. Formas de la declaración de voluntad. La manifestación de voluntad puede ser: a) Expresa, ya mediante un lenguaje, verbal o escrito, ya mediante signos inequívocos o conducta expresiva del declarante.

    1. b) Tácita, que se infiere de hecho s concluyentes (facta concludentia);
    2. Nuestro Código Civil recoge la idea de las declaraciones tácitas de voluntad ( aceptación de la herencia -art;
    3. 999-; condonación de la deuda -art;

    187-; confirmación del contrato anulable -art. 311-; tácita reconducción -art. 566-; mandato -arts. 710 y 1. 735-). c) Presunta, que resulta, por precepto legal, de hecho s no concluyentes (V. gr. : se entiende aceptando el albaceazgo si el albacea no se excusa dentro de los seis días -art.

    1. 898-; revocación presunta del testamento cerrado -art;
    2. 742-; condonación de la deuda -arts;
    3. 118, 1;
    4. 189 y 1;
    5. 191-);
    6. Desde otro punto de vista , las declaraciones de voluntad pueden ser recepticias (emitidas para que lleguen a otro, no produciéndose el efecto de la declaración , por tanto, sin notificación -v;

    gr. , oferta de contrato , aceptación contractual , etc. ) y no recepticias (que no van dirigidas a nadie en particular , y producen su efecto sin necesidad de notificación -v. gr. , aceptación de herencia -). El silencio como declaración de voluntad negocial. Frente a posiciones extremas, positiva y negativa , cabe señalar que hay supuestos en que el silencio puede ser considerado como una declaración de voluntad ; cuando, dada una determinada relación entre dos personas, el modo corriente de proceder implica el deber de hablar, ya que si el que puede y debe hablar no lo hace, se ha de reputar que consiente en aras de la buena fe (cfr.

    de 14 de junio de 1963). Existe una definida corriente jurisprudencial, según la cual, para estimar el silencio como expresión de consentimiento , basta la concurrencia de dos condiciones: una, que el que calle pueda contradecir, lo cual presupone, ante todo, que haya tenido conocimiento de los hechos (elemento subjetivo); y otra, que el que calle tuviera obligación de contestar , o, cuando menos, fuere natural y normal que manifestase su disentimiento (elemento objetivo) (cfr.

    SS. 24 de noviembre de 1943 y 14 de junio de 1963, entre otras). En definitiva , no se puede dar una regla unívoca y general para todos los casos, sino que la solución dependerá, en cada supuesto concreto, de la valoración de las circunstancias concurrentes, de acuerdo con las exigencias de la buena fe.

    • La ley atribuye eficacia al silencio en determinados casos: aceptación del cargo de albacea (art;
    • 898 C;
    • ), aceptación de la herencia (art;
    • 005 C;
    • ), vinculación a determinados acuerdos de la Junta de Propietarios (art;

    16 Ley de Propiedad Horizontal ), etc. La ley 20 de la Compilación de Navarra establece que «el silencio o la emisión no se considerarán como declaración de voluntad , a no ser que así deba interpretarse conforme a la Ley, la costumbre o los usos, o lo convenido entre las partes».

    Discordancia entre la voluntad y declaración. A) El valor respectivo de la voluntad y la declaración. En caso de divergencia entre lo querido y lo declarado, ¿qué debe prevalecer? Según la teoría clásica de la voluntad («Willenstheorie») prevalece lo querido; la voluntad es lo primordial y la declaración tiene un valor meramente instrumental (SAVIGNY).

    La teoría declaracionista («Erklärungstheorie») da, en cambio, primacía a la declaración , en aras de la seguridad del tráfico (BAHR, KOHLER, THON). Para WINDSCHEID, cuando la divergencia entre declaración y voluntad se deba a dolo o culpa lata del declarante , éste deberá responder de lo declarado, como si verdaderamente lo hubiera también querido ( teoría de la responsabilidad ).

    1. La doctrina moderna sigue una línea intermedia;
    2. En definitiva , la divergencia entre lo querido y lo manifestado supone un conflicto de intereses que no puede ser resuelto con una regla de carácter general;

    No obstante, podemos señalar los siguientes criterios: 1. º En vía de principio debe darse preferencia a la voluntad interna sobre la voluntad declarada. Dicha regla se apoya, según la S. de 23 de mayo de 1935, en la tradición constante de nuestro Derecho y en la normativa sobre interpretación de los contratos y testamento s (arts.

    673, 675, 1. 265, 1. 281 C. Según este criterio, debe presumirse que coinciden la voluntad declarada y la voluntad real, por lo que la divergencia ha de ser probada por quien la afirme. º Dicho principio debe ser atenuado por el de buena fe o confianza (por lo que si el destinatario , diligentemente y de buena fe confió en la declaración , debe ser protegido), por el principio de responsabilidad (por lo que si la divergencia es imputable al declarante , que pudo evitarla con diligencia y de buena fe , queda vinculado por la declaración ), y el de seguridad del tráfico.

    B) Formas de discordancia entre la voluntad y declaración. La divergencia entre lo querido y lo manifestado puede ser: A) Inconsciente, que se produce en los casos de error obstativo o error en la declaración (que no debe confundirse con el error de la voluntad ).

    1. El C;
    2. prevé un supuesto de error obstativo en el art;
    3. 773;
    4. 1 al disponer que «el error en el nombre, apellido o cualidades del heredero no vicia la institución cuando de otra manera pueda saberse ciertamente cuál sea la persona nombrada» (V;

    también el art. 081). B) Consciente. Como casos de divergencia consciente se citan: a) Declaraciones iocandi causa o por broma, emitidas sin seriedad; son nulas, pero si el destinatario no advierte la falta de seriedad, podrá exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios que haya experimentado.

    1. b) Reserva mental , que existe cuando el declarante oculta (se reserva ) una voluntad contraria a lo declarado; no quiere, en realidad, los efectos jurídico s que, sin embargo , indica como queridos;
    2. En estos casos hay que admitir la declaración emitida, por lo que el acto es válido, a menos que la otra parte conozca la reserva mental -con las dificultades de prueba que lleva consigo-, en cuya hipótesis , ésta deja de ser tal y vale la voluntad real, siendo, por consiguiente, nulo el acto;

    No obstante, la doctrina exceptúa de esta solución el matrimonio por razones morales y sociales. c) La simulación , si bien se trata de una figura con perfiles propios que es objeto de un tratamiento jurídico especial (DÍEZ-PICAZO, advierte que esta hipótesis no pertenece, en rigor, a la rúbrica de los vicios de la declaración , por existir entre las partes un acuerdo simulatorio) (V.

    ¿Cuando un acto administrativo es presunto?

    Es el acto administrativo que, por disponerlo la norma jurídica , se asume o se presume que se ha producido aunque en la realidad no haya tenido lugar. La cantera básica de producción de actos presuntos es la inactividad o silencio administrativo. En el sistema vigente hasta la última reforma del régimen administrativo, transcurridos tres meses desde que se formulase una petición a la Administración sin obtener respuesta de ésta, el peticionario podía proceder a la denuncia de la mora.

    ¿Cuándo nace el acto presunto?

    25 Abr silencio negativo y positivo – plazo para recurrrir – – Posted at 00:00h in ADMINISTRATIVO Sentencia del Tribunal Constitucional Pleno de 10 de Abril de 2014. PLAZO INDEFINIDO DE RECURSO RESUMEN: Silencio administrativo negativo. Plazo para recurrir.

    El TC entiende que cuando la Administración rechaza una petición de un particular por silencio administrativo, no existe plazo para recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Convierte así el plazo de seis meses en indefinido.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO a) La regla general en nuestro Derecho actual establece que el plazo para impugnar actos administrativos ante los Tribunales de justicia es de dos meses (art. 46. 1, inciso primero, LJCA EDL 1998/44323 ). Ese plazo se empieza a contar desde el día siguiente a aquél en que se produce la notificación del acto que pone fin a la vía administrativa (art.

    • 48;
    • 2 LPC EDL 1999/59899 );
    • El inciso cuestionado en el presente proceso constitucional establece una regla especial para la situación que se origina cuando la Administración no dicta “acto expreso”;
    • El llamado por la ley “acto presunto” se produce “de acuerdo con su normativa específica” (art;

    46. 1, inciso segundo, LJCA EDL 1998/44323 ) y a partir de su producción empieza a correr el plazo de seis meses. La expresión “acto presunto” utilizada en el inciso cuestionado del art. 46. 1 LJCA procede de la redacción original de la Ley de procedimiento administrativo común de 1992 EDL 1992/17271 , la cual, sin embargo, a partir de la reforma introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero EDL 1999/59899 , ofrece un nuevo tratamiento jurídico de los efectos de la falta de resolución expresa.

    1. Por ello, es preciso que consideremos brevemente las principales líneas del régimen jurídico del silencio administrativo en la redacción original de la Ley 30/1992 EDL 1992/17271 y los cambios introducidos en la reforma de 1999, antes de poder valorar la incidencia de tales cambios en un precepto como el art;

    46. 1 LJCA, promulgado en julio de 1998 y, por tanto, antes de la promulgación de aquella reforma. b) La Ley 30/1992 EDL 1992/17271 profundizó en los criterios que había alumbrado la regulación de la Ley de procedimiento administrativo de 17 de julio de 1958, la primera que estableció una normativa uniforme y garantista del silencio administrativo: “El silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un instituto jurídico normal, sino la garantía que impida que los derechos de los particulares se vacíen de contenido cuando su Administración no atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado”; “El objetivo de la Ley no es dar carácter positivo a la inactividad de la Administración cuando los particulares se dirijan a ella.

    • El carácter positivo de la inactividad de la Administración es la garantía que se establece cuando no se cumple el verdadero objetivo de la Ley, que es que los ciudadanos obtengan respuesta expresa de la Administración y, sobre todo, que la obtengan en el plazo establecido” (Exposición de motivos, epígrafe IX, LPC EDL 1999/59899 );

    No obstante, al servicio de esa finalidad la Ley 30/1992 reguló en el art. 43 EDL 1992/17271 los llamados “actos presuntos”, determinando que, si al vencimiento del plazo de resolución el órgano competente no la hubiese dictado expresamente, se producirían los efectos jurídicos que se establecían en dicho artículo.

    • Los apartados 2 y 3 del art;
    • 43 LPC EDL 1992/17271 establecían en qué supuestos las solicitudes formuladas por los interesados se entenderían estimadas o desestimadas, respectivamente;
    • Las claves de la ordenación legal del silencio administrativo establecido en 1992 las proporcionaba la regulación contenida en el art;

    44 EDL 1992/17271 (“Certificación de actos presuntos”). Según su apartado primero EDL 1992/17271 , “los actos administrativos presuntos se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada”.

    • El apartado segundo EDL 1992/17271 precisaba que, “para su eficacia”, los interesados o la propia Administración debían acreditar los actos presuntos mediante certificación emitida por el órgano competente que debió resolver expresamente el procedimiento, que debía extenderla inexcusablemente en el plazo de veinte días desde que le fuera solicitada salvo que en dicho plazo se hubiera dictado resolución expresa;

    La certificación debía ser comprensiva de la solicitud presentada o del objeto del procedimiento seguido, de la fecha de iniciación, del vencimiento del plazo para dictar resolución y de los efectos generados por la ausencia de resolución expresa. Si la certificación no se emitía en el plazo antes indicado, “los actos presuntos serán igualmente eficaces y se podrán acreditar mediante la exhibición de la petición de la certificación, sin que quede por ello desvirtuado el carácter estimatorio o desestimatorio legalmente establecido para el acto presunto”.

    La certificación de acto presunto se podía solicitar “a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo en que debió dictarse la resolución” (art. 44. 4 LPC EDL 1992/17271 ), sin que existiera un plazo preclusivo para formular dicha solicitud.

    Finalmente, se disponía que los plazos para interponer recursos administrativos y contencioso administrativos respecto de los actos presuntos se contarían “a partir del día siguiente a la recepción de la certificación, y si ésta no fuese emitida en plazo, a partir del día siguiente al de finalización de dicho plazo” (art.

    44. 5 LPC EDL 1992/17271 ). El vencimiento del plazo de resolución no eximía a las Administraciones públicas de la obligación de resolver, pero debían abstenerse de hacerlo cuando se hubiera emitido la certificación de acto presunto regulada en el art.

    44 LPC EDL 1992/17271 (art. 43. 1 LPC EDL 1992/17271 ). A la vista de la redacción originaria de los arts. 43 y 44 LPC EDL 1992/17271, es claro que la categoría de “acto presunto” englobaba entonces tanto a los supuestos en los que la Ley determinaba la estimación de la solicitud formulada por el interesado como a los supuestos en los que la Ley determinaba su desestimación.

    En otras palabras, el acto presunto podía tener tanto carácter estimatorio como desestimatorio. La eficacia del acto presunto se supeditada por igual en ambos casos a la emisión de la llamada “certificación deacto presunto”, cuyo contenido debía expresar entre otros aspectos los efectos de la falta de resolución expresa.

    Una vez emitida esacertificación por el órgano competente se producían dos importantes consecuencias jurídicas: por una parte, finalizaba la obligación deresolver de la Administración y, por otra, el llamado “acto presunto” resultaba plenamente eficaz y podía ser acreditado tanto por elinteresado como por la Administración, con independencia de su carácter estimatorio o desestimatorio.

    1. Si no se emitía la certificación en el plazo legalmente previsto, los actos presuntos eran “igualmente eficaces” y se podían acreditar mediante la exhibición de lapetición de la certificación, “sin que quedara por ello desvirtuado el carácter estimatorio o desestimatorio legalmente establecido parael acto presunto”;

    En definitiva, el legislador configuró el llamado “acto presunto” como un verdadero acto administrativo de carácter estimatorio o desestimatorio, según los casos, y plenamente eficaz a partir de la emisión de la certificación correspondiente. c) En 1998 se aprobó la nueva Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio)EDL 1998/44323 , que sustituyó a la homónima de 1956.

    • A los efectos de la impugnación jurisdiccional de actos administrativos,el artículo 46;
    • 1 LJCA EDL 1998/44323 distinguió dos tipos de actos, los “actos expresos” y los “actos presuntos”;
    • La principalconsecuencia de esa distinción era la aplicación de un plazo de recurso diferente, dos meses para la impugnación de actos expresos yseis meses en el supuesto de actos presuntos;

    En la terminología de la Ley 30/1992 EDL 1992/17271 a la que implícitamente se remite elprecepto, la expresión “actos presuntos” incluía sin lugar a duda en 1998, como hemos visto, los actos presuntos de carácter estimatorioy los de carácter desestimatorio.

    d) Con posterioridad se reformó la Ley 30/1992 EDL 1992/17271 por la Ley 4/1999, de 13 de enero EDL 1999/59899. La reformade 1999 trajo consigo varias modificaciones técnicas relevantes para la ordenación del silencio administrativo que no es necesario considerar ahora.

    La más importante modificación, vigente en la actualidad, fue la vuelta a una regulación de los efectos del silencioadministrativo cercana a la vigente con anterioridad a la Ley 30/1992. La Ley precisa ahora que la estimación por silencio administrativotiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento, y que en cambio la desestimación porsilencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contenciosoadministrativoque resulte procedente (art.

    42. 2 LPC EDL 1992/17271 ). Con ello se desechó la construcción del “acto presunto decarácter desestimatorio” entendido hasta entonces por el legislador como un acto administrativo dotado de un contenido determinado(denegatorio), y se volvió a la configuración tradicional de los efectos del silencio negativo, como mera ficción procesal habilitadapor el legislador para dejar expedita la vía impugnatoria procedente.

    También se precisa ahora que, en los supuestos en los quese producen los efectos del silencio negativo, la Administración mantiene la obligación de resolver expresamente, “sin vinculaciónalguna al sentido del silencio” [art. 43. 3 b) LPC EDL 1992/17271 ].

    La propia expresión “acto presunto” desapareció de los arts. 43 y 44 LPC EDL 1992/17271. Sentado lo anterior podemos valorar la incidencia de la reforma de 1999 de la Ley 30/1992 en elentendimiento del inciso segundo del art.

    46. 1 LJCA cuestionado en este proceso EDL 1998/44323 y, subsiguientemente, resolver laduda de constitucionalidad que nos plantea el órgano judicial. Con la reforma de la Ley 30/1992 operada por la Ley 4/1999, de 13 deenero EDL 1999/59899 , recobró pleno vigor la regulación tradicional en nuestro Derecho según la cual el silencio negativo es una mera ficción legal que abre la posibilidad de impugnación, pero que deja subsistente la obligación de la Administración de resolverexpresamente (cfr.

    • arts;
    • 42 a 44 LPC EDL 1992/17271 según la redacción dada a los mismos por la Ley 4/1999 y, en particular, arts;
    • 42;
    • 1,43;
    • 1 y 43;
    • 4 EDL 1992/17271);
    • En suma, con arreglo a la nueva ordenación del silencio administrativo introducida por la Ley 4/1999EDL 1999/59899 ya no tienen encaje en el concepto legal de “acto presunto” los supuestos en los que el ordenamiento jurídico determina el efecto desestimatorio de la solicitud formulada, pues en tales supuestos el ordenamiento excluye expresamente la constitución ipso iure de un acto administrativo de contenido denegatorio;

    Los arts. 42 a 44 LPC fueron modificados por la Ley 4/1999 teniendo a la vista el régimen legal de impugnación de los “actos presuntos” establecido en el art. 46. 1 LJCA EDL 1998/44323 , precepto que no fue derogado ni modificado con ocasión o como consecuencia de dicha reforma.

    • Por tanto, habida cuenta de que, primero, el inciso segundo del art;
    • 46;
    • 1 LJCA que regula el plazo de impugnación del “acto presunto” subsiste inalterado; segundo, que tras la reforma de 1999 EDL 1999/59899 de la Ley 30/1992 EDL 1992/17271 en los supuestos de silencio negativo ya no existe acto administrativo alguno finalizador del procedimiento (art;

    43. 2 LPC EDL 1992/17271 ), ni un acto administrativo denominado “presunto” basado en una ficción legal como se desprendía de la redacción originaria de la Ley 30/1992 EDL 1992/17271 , y tercero, que la Administración sigue estando obligada a resolver expresamente, sin vinculación al sentido negativo del silencio [arts.

    • 42;
    • 1 y 43;
    • 3 b) LPC EDL 1992/17271 ], el inciso segundo del art;
    • 46;
    • 1 LJCA ha dejado de ser aplicable a dicho supuesto;
    • En otras palabras, se puede entender que, a la luz de la reforma de 1999 de la Ley 30/1992, la impugnación jurisdiccional de las desestimaciones por silencio no está sujeta al plazo de caducidad previsto en el art;

    46. 1 LJCA. Así entendido, es manifiesto que el inciso legal cuestionado no impide u obstaculiza en forma alguna el acceso a la jurisdicción de los solicitantes o los terceros interesados afectados por una desestimación por silencio. Por todo ello, procede declarar que el inciso legal cuestionado no vulnera el art.

    24. 1 CE EDL 1978/3879. Conclusión en parte coincidente con la que mantiene el Tribunal Supremo (SSTS 269/2004, de 23 de enero; 2024/2006, de 21 de marzo; 4384/2007, de 30 de mayo; 1600/2009, de 31 de marzo; y 1978/2013, de 17 de abril) en la interpretación de este precepto tras la reforma de la LPC operada por la referida Ley 4/1999 EDL 1999/59899 , cuando se trata de supuestos en los que, como el que ha dado lugar al planteamiento de la presente cuestión, se reacciona frente a la desestimación por silencio.

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    ¿Qué es el silencio administrativo positivo?

    ¿En qué consiste? – El Silencio Administrativo Positivo supone que la empresa operadora declara fundado (aceptado) tu reclamo si: La empresa no ha emitido la resolución de primera instancia o no la ha notificado en los plazos plazos correspondientes (ver procedimientos).